Un tema no muy
alentador y muy discutido y en los discursos difundido es la transparencia y el
acceso a la información pública en la administración pública. La transparencia
debiera ser un mecanismo que prevenga actos de corrupción y que permita a la
ciudadanía conocer el funcionamiento interno de las instituciones y cómo se
manejan los fondos que éstas reciben, pero hoy en día esto no es más que más y
más burocracia para la ciudadanía y gobiernos: papeles, horas trabajo perdidas
y excusas para la rendición de cuentas. Por ejemplo, surge una duda o varias
para decir que la información existe: el Congreso del Estado, en la pasada
Legislatura, le concede bajo el oficio de petición ASM/888/2015 un acuerdo
administrativo a la propia Auditoría para seleccionar la clasificación
restringida, y fechado el 3 de junio 2015 por la oficina de la entonces
diputada Edith Quintana Ceballos, de la LXXII legislatura y cuyo acuerdo fue
votado a favor. En dicho acuerdo, el cual es extenso en la clasificación que se
puede dejar sin publicar, deja al ciudadano nuevamente al desamparo y en sólo
palabras, ya que se basa, entre otras cosas, en lo que los propios diputados
votaron, en este párrafo que a la vista de la interpretación de la ley se
pueden notar lagunas legales y mentales pero con una visión de uso político. La
Ley de Transparencia y el Acceso a la Información Pública para el Estado de
Michoacán establece que “toda la información que posean las dependencias y
entidades del gobierno del estado es pública, excepto aquella que clasifiquen
como reservada o confidencial, a través de un acuerdo o resolución de sus respectivos comités
de información.
Este texto ha sido publicado en el sitio Cambio de Michoacán, en la dirección http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc3247
Si lo cita por favor cite la fuente, manteniendo un enlace a la información original. Derechos Reservados, Sociedad Editora de Michoacán S.A. de C.V.
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Mencionó algunos de ellos:
PRIMERO: Hemos ampliado el catálogo de derechos reconocidos en nuestro marco
jurídico. “A partir de diversas reformas y políticas públicas, se ha
incrementado el reconocimiento de derechos fundamentales en nuestro orden
constitucional, como son, por ejemplo, el derecho a recibir una educación de
calidad o el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación, por sólo citar algunos”.
SEGUNDO AVANCE: Hemos consolidado una política de seguridad con mejores estándares en
materia de protección y respeto a los derechos humanos. “Reflejo de ello es que
las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
particularmente dirigidas a las fuerzas y autoridades federales en este sector,
se han reducido año tras año, al pasar de 31 en 2012, a ocho en 2015.
“En síntesis, en tres años se redujo en 74 por ciento el número de
recomendaciones”.
El Primer Mandatario dijo que en el Gobierno de la República estamos
conscientes de que aún nos falta seguir avanzando en lograr esta cultura de
absoluto respeto a los derechos fundamentales, y que las prácticas y protocolos
“que siguen las entidades públicas, particularmente las encargadas de la
seguridad pública, obren con absoluta observancia a estos principios de pleno
respeto a los derechos humanos. Seguimos avanzando y seguiremos trabajando para
lograr este objetivo de forma plena”.
TERCERO: Hemos incorporado el enfoque de derechos humanos en todas las políticas
públicas. “A partir de un programa nacional de alcance transversal, y de una
estrategia de capacitación amplia y permanente, estamos institucionalizando las
mejores prácticas internacionales en favor de estos valores”.
CUARTO AVANCE: Hemos fortalecido las capacidades institucionales para salvaguardar los
derechos y brindar apoyo integral a grupos en situación de vulnerabilidad.
“Destacan la consolidación de los sistemas nacionales de atención y protección
a niñas, niños y adolescentes, a mujeres que han sufrido violencia y a las
víctimas del delito”.
QUINTO: Hemos apoyado con firmeza la cabal implementación del nuevo Sistema de
Justicia Penal. “Este cambio de modelo, que estará vigente a partir de junio en
todo el país, fortalecerá el debido proceso y resguardará el principio de
presunción de inocencia. Además, permitirá agilizar los juicios y sobre todo
reducir la impunidad”.
SEXTO AVANCE: Estamos impulsando nuevas leyes para combatir con mayor eficacia la
desaparición forzada de personas y la tortura. “Como país, tenemos que acabar
con estas inaceptables violaciones a los derechos fundamentales que atentan
contra la dignidad humana y agravian a la sociedad entera”.
El Presidente Peña Nieto afirmó que “no obstante todos estos avances, es
claro que la causa de los derechos humanos es una causa por la que se debe
trabajar todos los días y en todos los frentes”.
“Debemos seguir esforzándonos y avanzando juntos para que los cambios
institucionales se traduzcan en un cambio de mentalidad que nos permita una
sana convivencia social”, enfatizó.
No hay niveles o cifras aceptables de tortura, desapariciones forzadas,
ejecuciones arbitrarias o ataques a periodistas y defensores civiles; un solo
caso es demasiado y debe mover a todas las instancias del Estado a la acción,
para que se castigue y se prevenga su repetición: Luis Raúl González Pérez
El Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, subrayó que los
derechos humanos no son, ni deben ser vistos como un recurso o vía para la
ilegalidad, y que este Organismo se ha pronunciado en todo momento por el
cumplimiento y aplicación de la ley como marco necesario para la convivencia
social pacífica, el reconocimiento y el respeto de la dignidad de las personas,
lo que contribuye al efectivo acceso a la justicia y a la vigencia de los
derechos de las víctimas del delito.
González Pérez lamentó que aún exista la tentación de identificar la
causa de los derechos humanos con la defensa de delincuentes, o ver esos
derechos como un obstáculo para el debido y oportuno desarrollo de las
funciones estatales. Aseguró que la CNDH busca la vigencia y el respeto de los
derechos fundamentales de todas las personas, lo que lleva implícita la debida
y oportuna observancia y aplicación de la ley.
Tras mencionar que no hay niveles o cifras aceptables de tortura,
desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o ataques a periodistas y
defensores civiles, puntualizó que un solo caso es demasiado y debe mover a
todas las instancias del Estado a la acción, para que se castigue y se prevenga
su repetición.
Enfatizó que una importante vía de atención de los casos es la
conciliación, donde a propuesta de la CNDH, y con base en opiniones de
autoridad y quejoso, se llega a un acuerdo, siempre dentro del marco de la ley
y el respeto a los derechos humanos, donde la autoridad acepta su
responsabilidad y se acuerdan diversas medidas de reparación del daño y
perjuicios causados a la víctima.
Puntualizó que la CNDH investiga, determina y se pronuncia sobre
violaciones a derechos humanos, y no le corresponde la persecución de delitos o
la imposición de penas, facultad expresa de las autoridades ministeriales o
judiciales correspondientes que están sujetas a formalidades y procedimientos
distintos.
Detalló que la defensa y promoción de los derechos humanos, con base en
lo previsto en la Constitución y en distintos instrumentos internacionales,
imponen honrar las obligaciones que en ejercicio de nuestra soberanía
adquirimos con los sistemas universal y regional de derechos fundamentales. De
ahí la colaboración permanente con representantes y grupos de trabajo de
distintas instancias internacionales.
Este material cuenta con derechos de propiedad intelectual. De no
existir previa autorización por escrito de EL UNIVERSAL, Compañía Periodística
Nacional S. A. de C. V., queda expresamente prohibida la publicación,
retransmisión, distribución, venta, edición y cualquier otro uso de los
contenidos (Incluyendo, pero no limitado a, contenido, texto, fotografías,
audios, videos y logotipos). Si desea hacer uso de este contenido por favor
comuníquese a la Agencia de Noticias de El Universal, al 57091313 extensión
2425. Muchas gracias.
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¿DONDE
ESTAMOS Y HACIA DONDE VAMOS EN MATERIA DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
GOBIERNO? Ya en las décadas de los ochenta y de los noventa, las actividades
relacionadas a las tecnologías de la información y la comunicación fueron
vinculadas estrechamente con el crecimiento económico y el progreso social
(Castells, 2001). Del mismo modo, los distintos niveles de gobierno de los
países de nuestro entorno socioeconómico, fueron asimilando la idea, eso sí,
con distintos ritmos y grados en cada país, del hecho de que la difusión de las
tecnologías de la información y la comunicación constituía un elemento
generador de externalidades positivas en el conjunto económico y social
(Jordana, 2002). También que el uso e estas tecnologías podía aportar nuevas
oportunidades para la evolución de las estrategias de relación entre ciudadano
y gobierno (Hague/ Loader,1999). Esta visión es resultado de la coincidencia,
en las dos últimas décadas del siglo XX, de una serie de factores políticos y
técnicos que han propiciado el impacto de las tecnologías de la información y
la comunicación en la evolución socioeconómica de nuestros países. Así, ha
habido factores técnicos como la convergencia entre informática, electrónica y
medios de comunicación, o la constante evolución de la innovación tecnológica
(Comisión Europea, 1998). También han existido factores políticos y económicos
como el crecimiento de los mercados de telecomunicaciones y la paulatina
convergencia en las políticas regulativas de este sector en los distintos
estado. Estos factores han marcado claramente el desarrollo y la extensión de la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en
determinados segmentos del entramado económico y social. Las esferas
gubernamentales no podían quedar al margen de este proceso. Inicialmente, y
desde una perspectiva muy centrada en el desarrollo económico, los programas de
actuación 6 Biblioteca Virtual TOP www.top.org.ar estatal relativos a la
sociedad de la información han presentado, en las dos últimas décadas, formas
muy diferenciadas. Algunos países partían de un enfoque global de intervención
pública, abarcando distintas esferas de acción, como la promoción económica, el
desarrollo social, la gobernabilidad o la introducción de la utilización
intensiva de las tecnologías de la información y la comunicación en la
administración, y todo ello mediante una planificación estratégica coordinada
(Jordana, 2001). En otros países, las iniciativas estatales han consistido en
acciones puntuales, que abarcaban sólo algunos de los ámbitos de acción antes
mencionados, y que posteriormente han tendido a la sistematización de sus
líneas de actuación en planes de acción de una mayor dimensión. La
temporalización y secuencia de este tipo de acciones políticas, así como el
grado de "anticipación" o "reacción" de los distintos gobiernos
nacionales también ha sido muy variada, y vinculada en gran medida al nivel de
evolución económica y de riqueza relativa del entorno social en cuestión. En
nuestra opinión, las diferencias entre el grado de permeabilidad de los
distintos países en relación a la importancia de la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación por los gobiernos como fenómeno
impulsor del desarrollo político y social, han estado condicionadas también por
las formas de transición hacia el régimen de competencia en el mercado de las
telecomunicaciones. El rol y la responsabilidad estatal respecto a las
políticas de sociedad de la información en los noventa ha quedado, en muchas
ocasiones, en un segundo plano ante la prioridad del establecimiento de una
regulación que garantizara la estructuración de las telecomunicaciones y la
competencia sectorial en el propio país (Sancho, 2002a). Podemos identifica las
distintas estrategias y fórmulas de acción pública relativas a la SI que han
sido desarrolladas en los países de nuestro entorno sociocultural. Una
clasificación de las mismas la ofrecen Jordana y Sancho (2001) planteando tres
grandes áreas de actuación: “En primer lugar la regulación, en segundo lugar la
promoción, y en tercer lugar la difusión. Podríamos decir que la primera trata
de definir las reglas del juego en que se mueven los actores económicos y
sociales, incluyendo desde las reglas de la competencia hasta la concreción de
lo que es público y de lo que es privado, pasando por la definición de las
condiciones por la creación de empresas en el mercado de las TIC o el
establecimiento de garantías de derechos, como la propiedad intelectual. La
intervención pública en promoción trata de potenciar la oferta de factores
necesarios por el desarrollo de la nueva economía. Aquí, las iniciativas
públicas pueden abarcar desde los estímulos fiscales hasta la creación y
gestión directa de empresas, incluyendo el impulso a la formación de los
técnicos y emprendedores responsables de controlar estas tecnologías.
Finalmente, la tercera área de acción pública, la difusión, en la que se puede
inscribir el gobierno electrónico, trata el problema desde lado de la demanda:
Potenciar la demanda de nuevos servicios y utilidades, para que se produzca la
masa critica que haga que estos sean provechosos y se genere en un círculo
virtuoso de aprendizaje y crecimiento.” En los últimos años, se ha dado en
Europa un alto grado de convergencia respecto al desarrollo de iniciativas
relativas a estas tres líneas de acción, en las políticas nacionales de los
distintos países. Ello es resultado de la influencia, del mimetismo o
"transferencia de políticas" que se da en este contexto político
(Sancho, 2002a). A partir de la segunda mitad de los años noventa, se ha
producido una cierta extensión a escala latinoamericana del uso de instrumentos
gubernamentales relativos a la sociedad de la información, a través de la
adopción a escala nacional de aquellos ejemplos de intervención que en otros
países habían resultado exitosos. Este mimetismo, o en términos de DiMaggio y
Powell (1991) “isomorfismo institucional”, se ha propiciado de dos formas
distintas: En primer lugar, a través de cierta coerción regulativa a partir de
las presiones formales o informales ejercidas por las instituciones
supranacionales, cuyo objetivo es propiciar la coordinación de las políticas
sobre sociedad de la información de los distintos países. Este sería el 7
Biblioteca Virtual TOP www.top.org.ar caso de la acción de la Unión Europea
sobre los estados miembros, que ha incentivado la emergencia de una agenda
común en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información. En este
sentido, desde los años ochenta, las iniciativas de las instituciones europeas
se convirtieron en una referencia obligatoria para los políticos y actores europeos
a escala nacional (Alabau, 1998). En segundo lugar, el mimetismo entre las
iniciativas políticas de los distintos países puede venir dada por la imitación
de referentes que se consideran ejemplos a seguir. Así, los “policy makers”
nacionales aprenden las "lecciones" de éxito o fracaso de
intervención pública de otros países, asimilando y mimetizando en el propio
entorno las alternativas y estrategias de actuación. Este tipo de isomorfismo
estaría propiciado por el fortalecimiento de las redes internacionales de
profesionales que intercambian conocimientos y experiencias, y que favorecen la
extensión de las "prácticas consideradas adecuadas" (Sancho, 2002b).
Esta segunda modalidad de adaptación se ha dado con fuerza en los últimos años
en las políticas relativas a la sociedad de la información desarrolladas por
los países de América latina. Aún la creciente extensión de iniciativas
políticas para la promoción de la sociedad de la información, queda un gran
camino por recorrer para poder realmente aprovechar las potencialidades de este
fenómeno para la mejora de la gobernabilidad, esto es de la relación entre los
gobiernos y los ciudadanos. Podemos intentar definir una serie de propuestas de
iniciativas políticas que puedan servir como guía para llevar a cabo un proceso
de desarrollo equilibrado de la sociedad de la información en el entorno
social. Son un conjunto de ideas abiertas, susceptibles de debate, cuyo
objetivo no es otro que incentivar la reflexión en este tema. Son tres los
ámbitos básicos de actuación sobre los que sería importante realizar un
esfuerzo gubernamental mediante una intervención pública de promoción. En
primer lugar, un ámbito relativo a las acciones destinadas a la facilitación
del acceso de ciudadanos y empresas a de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. En segundo lugar, un conjunto de iniciativas
relacionado con incentivar la mejora de las habilidades de uso de las nuevas
tecnologías en los distintos entramados sociales. Estas dos primeras líneas de
acción plantean entre sus objetivos contribuir a la disminución de la brecha
digital, en sus distintas acepciones, territorial, social, económica y
cultural. Por último, y en tercer lugar, aparecerían las iniciativas de acción
pública que intentan introducir el uso intensivo de las sistemas avanzados de
información y comunicación en los distintos procesos de diseño, implementación
y evaluación de la acción pública, ámbito en el que se encuadrarían las
estrategias de gobierno electrónico. Veamos algunos ejemplos de los elementos
característicos de estas tres categorías de actuación pública. Para ello
seguiremos el trabajo de Jordana y Sancho (2001) en su examen de los programas
de acción gubernamental en materia de sociedad de la información. En relación
al primer ámbito de acción, los programas destinados a la facilitación del
acceso de ciudadanos y empresas a las tecnologías de la información y la
comunicación, esto es los programas que presentan como objetivo el reducir las
desigualdades de los ciudadanos en el acceso, resaltan las siguientes líneas de
acción: • “Establecimiento de puntos de acceso gratuito a la red situados en
kioskos, organismos públicos, bibliotecas, espacios culturales o escuelas. •
Impulsar un mercado competitivo que propicie la extensión de las redes de
telecomunicaciones y en su caso la “alta velocidad” a todos los ámbitos
territoriales y sectoriales. • Impulsar las iniciativas facilitar las ventas de
ordenadores vía incentivos fiscales o reciclaje. • Ayuda a la reducción de los
costes de conexión, mediante el establecimiento de tarifas especiales por
facilitar la conexión a Internet a determinados colectivos. • Introduciendo el
acceso a Internet dentro de la noción de servicio universal. • Subvenciones de
material multimedia para trabajadores y empresas. • Estableciendo sistemas de
información gratuitos para empresas que asesoren sobre como situar sus
productos en red. 8 Biblioteca Virtual TOP www.top.org.ar • Impulsión del
comercio electrónico generando un mayor confianza a los agentes sociales a
través de mecanismos de seguridad de la red, firma electrónica, encriptación,
protección de datos, derechos de los “e-consumidores”, propiedad intelectual o
la legislación laboral del teletrabajo.” En relación a las iniciativas
relativas a la mejora de las habilidades de uso de las nuevas tecnologías,
tanto por parte de ciudadanos como de empresas, y en especial de las pequeñas y
medianas empresas, Jordana y Sancho (2001), estructuran una nueva
categorización de líneas de actuación pública en base a las políticas
educativas. En este sentido, las estrategias de acción pública más exitosas son
aquellas que tienden a la incorporación del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en el conjunto d’actividades docentes “normales”
del centros educativos, en sus distintos niveles de formación. Para ello es
necesario: • Equipar y conectar escuelas, institutos y universidades. • Mejorar
la formación del profesorado. • Desarrollar técnicas pedagógicas virtuales. •
Fomentar redes de escuelas y educación no presencial. • Incentivar la
generación de programas de formación universitaria en esta materia, de forma
que se consiga una vinculación directa con empresas del sector asentadas en el
territorio. • Prestar formación continuada de inserción laboral a través de
cursos en temas vinculados a las tecnologías de la información y la
comunicación. • Programas por atraer personal especializado en tecnologías de
la información y la comunicación del extranjero. Mas allá de las actividades
directamente formativas, hay un conjunto de posibilidades adicionales por
fomentar la mejora de las habilidades de uso, utilizando los propios
instrumentos de las nuevas tecnologías (por ejemplo, estableciendo portales
específicos de información especializada), o bien ofreciendo sistemas de
autoaprendizaje para habilidades específicas. También hace falta destacar la
posibilidad de establecer centros de teletrabajo, o telecentros, donde además
de ser útiles para poner a disposición de los usuarios las infraestructuras
necesarias, se configuran como centros de orientación y asesoramiento a
ciudadanos y pequeñas empresas en relación a actividades vinculadas con la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Por último
y en tercer lugar, la intervención pública en materia de sociedad de la
información y nuevas tecnologías abarca el ámbito específico de lo que podemos
encuadrar en el concepto de gobierno electrónico. En este sentido, la
Administración se convierte en elemento de difusión y liderazgo de la utilización
de las nuevas tecnologías de la información. En este sentido podemos mencionar
algunas iniciativas: • Establecimiento de sistemas integrados de análisis de
las demandas y preferencias ciudadanas. • Abriendo nuevos canales de
información, documentación, debate, y participación ciudadana en los procesos
de decisión pública en los distintos niveles administrativos. • Difundiendo, es
decir, aumentando la transparencia, tanto de decisiones públicas, como de sus
procesos de implementación y evaluación. • Publicación de informes,
memorandums, estudios relativos a alternativas de acción pública, así como las
actas de reuniones y debates administrativos. • Difundiendo “on line” los
debates políticos o técnicos en el seno de órganos de responsabilidad política.
9 Biblioteca Virtual TOP www.top.org.ar • Reorganización interna a través del
uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. •
Integración de la información y de la comunicación intergubernamental. •
Reingeniería de procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación. • Programas de políticas de recursos humanos, basados en
tecnologías de la información y la comunicación. • Nuevas formas de
contratación, incentivando a los contratistas a que utilicen sistemas propios
basados en nuevas tecnologías, por ejemplo exigiendo procedimientos y facturas
electrónicas. • Sistemas integrados de información y control de la gestión
pública, tanto en los procesos de diseño, implementación y evaluación. •
Estrategias de gestión de desarrollo de políticas públicas y gestión de
servicios en formas de gobierno multinivel que aprovechen las posibilidades de
las nuevas tecnologías como mecanismos de coordinación interadministrativa.
REFLEXIONES
A MODO DE CONCLUSIÓN: FACTORES DE ÉXITO PARA INCORPORAR LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN EN LA INTERACCIÓN ENTRE GOBIERNO Y CIUDADANOS Hemos escuchado
muchas veces posiciones que argumentan que el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación es la solución a muchos de los problemas que
presentan nuestras administraciones públicas, e incluso hay quien argumenta que
también lo es para los problemas relativos a la gobernabilidad de nuestros
países. Nosotros preferimos adoptar una posición mucho más escéptica, que aún
reconociendo el potencial de cambio que presenta la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación por parte de los gobiernos, es
consciente de las limitaciones que en la actualidad ello aún presenta. Las
dinámicas que genera la sociedad de la información podrán ser un incentivo para
superar el retraso en el desarrollo de la consolidación institucional tanto del
servicio público como de una buena gobernabilidad. Pero creemos que esta visión
no se corresponde aún con la realidad de hoy, por ello es peligroso ser
ingenuos, ya que pueden generar expectativas que difícilmente se cumplan a
corto plazo, lo que puede generar rechazo y desconfianza respecto a la utilidad
del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comen la acción
gubernamental. Hemos de ser conscientes de las aportaciones reales que hoy
ofrecen las nuevas tecnologías. Constituyen una oportunidad de innovación y
ofrecen vías para la introducción de mejoras en la acción de los poderes
públicos. Mejoras de las que no podemos prescindir si queremos avanzar hacia la
modernización del Sector Público, pero como hemos comentado anteriormente,
mejoras que no pueden sustituir la acción y el compromiso político cara a la
consolidación institucional de nuestras administraciones públicas. Para finalizar,
creemos importante mencionar un conjunto de factores de éxito como una guía de
acción para el responsable público a la hora de plantear iniciativas de
introducción de nuevas tecnologías en las dinámicas de gobierno. Así podemos
destacar: • Es necesario conocer las demandas de los colectivos a los que se
quiere prestar servicio de administración electrónica y adaptar la prestación a
las características de las necesidades detectadas. • Para que una iniciativa de
administración electrónica funcione es necesario previamente introducir cambios
organizativos, formación, motivación de recursos humanos y reingeniería de
procesos en el área administrativa en donde se quiera implantar. Hay que
prestar una especial atención al rol de gerente público que debe liderar el
proceso y que es el que recibe gran parte de la presión político
administrativa. 10 Biblioteca Virtual TOP www.top.org.ar • Los servicios
públicos “on line” generan muchas expectativas, por lo que hay que demostrar
capacidad de respuesta rápida y segura. Debe evitarse “vender” la bondad de los
nuevos servicios electrónicos sin que ello se corresponda con la realidad. • La
difusión de los servicios “on line” han de garantizar la no exclusión de
colectivos ciudadanos, por lo que deben ser complementados con políticas de
promoción del acceso a la red. • Deben establecerse estrategias de comunicación
de los nuevos servicios, centradas en el valor que se ofrece al ciudadano.
Junto a ello, es importante realizar una oferta de incentivos para conseguir un
primer núcleo crítico de usuarios. • Compartir información, consensuar los
proyectos, incentivar la participación y la implicación del personal dentro de
la propia organización es un elemento clave para el éxito de un proyecto de
administración electrónica. • Debe existir un liderazgo político fuerte y
situado al más alto nivel, para conseguir superar las resistencias al cambio y
garantizar la implantación horizontal de los proyectos. • Son necesarios
recursos económicos, pero también recursos en términos de conocimiento,
formación y capacitación técnica de funcionarios y gerentes, así como recursos
éticos fomentando una cultura de servicio público. • Las iniciativas de
gobierno electrónico deben insertarse dentro de los programas generales de
mejora y modernización de la administración pública, teniendo en cuenta los
cambios institucionales y legales que deban llevarse a cabo. Por último es
importante no olvidar que las dinámicas de introducción de la sociedad de la
información en los procesos de gobernabilidad deben estar íntimamente
vinculadas a los diferentes entornos socioculturales y político económicos en
los que se pretendan desarrollar. Las características del entorno han de
modular tanto las formas como los tiempos de introducción de las iniciativas
políticas. Las acciones que se presentan exitosas en un ámbito administrativo
anglosajón, puede que no funcionen del todo en uno continental europeo, o en
uno de los distintos modelos gubernamentales que podemos identificar en América
latina. Adaptarse a la realidad social y territorial es un requerimiento básico
para el éxito de la iniciativa gubernamental.
La ley contra los malos tratos
no está cerrada y lacrada. Ni mucho menos. Con toda probabilidad, el texto
incorporará las sugerencias realizadas por varios organismos. Entre ellos, el
que hasta ahora se ha mostrado más crítico: el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ). El Ejecutivo también incorporará las recomendaciones del
Consejo Económico y Social, que pidió más protección para los hijos de las
maltratadas.
Los magistrados conservadores
del CGPJ y los progresistas se han mostrado en contra de que las faltas y las
amenazas leves en el ámbito de la violencia doméstica estén más penadas si las
comete un hombre que si las comete una mujer. El anteproyecto de ley elaborado
por el Ejecutivo prevé que si el hombre es culpable, será juzgado de un delito.
Si es la mujer, sólo será una falta.
Ante las críticas del CGPJ, el
titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, explicó ayer que el Gobierno
"podría incorporar" algunas de las recomendaciones realizadas por el
CGPJ en este sentido. Es decir, otorgar el mismo tratamiento penal tanto a
hombres como a mujeres.
Este aspecto de la ley fue tema
de conversación en el encuentro que ayer mantuvo a puerta cerrada el titular de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, con los representantes de los grupos
parlamentarios. Según fuentes cercanas a la reunión, algunos diputados echaron
en cara al Gobierno las "carencias" de la ley.
El Consejo de Ministros aprobará
el próximo viernes el anteproyecto de ley contra los malos tratos. Las
recomendaciones del Poder Judicial tendrán que esperar a la tramitación
parlamentaria. La ley entrará en el Congreso el próximo día 30.
CONCENTRACION Por su parte, las
asociaciones feministas se concentrarán mañana ante la sede del Consejo General
del Poder Judicial, en Madrid, para protestar por el informe elaborado por los
miembros conservadores de este organismo.
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